En pleno siglo XXI cuando el derecho a la libertad de asociación, pensamiento y de creencia están firmemente enmarcados en el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en China miles de personas pertenecientes al movimiento espiritual FALUN GONG están siendo detenidas, condenadas ilegalmente a campos de trabajo forzado y, muy a menudo torturadas. Y todos los que tienen relación de forma directa o indirecta con sus miembros viven aterrorizados debido a denuncias, despidos, desalojos y expulsiones. ¿Por qué el gobierno chino denuncia cruelmente y reprime tan brutalmente a este grupo, más que a cualquier otro grupo de víctimas?
Decenas de miles de practicantes de Falun Gong han sido detenidos arbitrariamente desde que las autoridades prohibieron este movimiento espiritual por considerarlo “una amenaza para la estabilidad social y política”, en julio de 1999. A las personas acusadas de ser dirigentes u organizadores de Falun Gong se las ha encarcelado. Otras han sido internadas en hospitales psiquiátricos, pero la gran mayoría han quedado recluidas en centros de reeducación, una forma de detención administrativa que se impone sin cargos, juicio ni revisión judicial.
Falun Gong es un movimiento espiritual basado en tres sencillos principios: Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Un movimiento sin ningún tipo de compromiso, ni aspiraciones políticas, ni jerarquías; practicado en parques y no en templos. Un movimiento que ayuda gratuitamente al desarrollo físico y espiritual de millones de personas en más de 84 países. Su pecado: superar en número de practicantes a los seguidores del Partido Comunista Chino (PCCh), no estar federados, y por tanto “fuera de control”.
Con la fuerzas gubernamentales movilizadas en su contra, con el acceso a las vías legales de apelación vedadas, y con la televisión, radio y periódicos estatales difamándolos, los practicantes de Falun Gong se encontraron incomunicados entre ellos y aislados del resto del mundo. La propaganda llevada a cabo por los medios de comunicación en China ha inundado a la opinión pública con proclamas de odio y discriminación.
Entre abril-mayo 2008, Eutelsat cortó la señal de la TV China (NTD TV) que emitía en abierto, sin censuras, contando toda la verdad de lo que está ocurriendo para toda China. La compañía del satélite europeo, cuya sede está afincada en Francia y que tiene accionistas españoles como Avertis, aceptando presiones del gobierno chino, cortó esta señal de TV, según nos comenta el abogado Carlos Iglesias. La compañía alegó que el incidente se debió a problemas técnicos, pero lo cierto es que ha dejado a millones de ciudadanos chinos sin información libre y transparente.
Carlos Iglesias lleva tiempo tratando de evitar que el genocidio quede impune “ya que se trata de un delito que afecta no sólo a sus víctimas sino también a toda la comunidad internacional”. Nos comenta que la TV china es la mayor manipuladora de información e intoxicación con propaganda que oculta informaciones y falsea otras.
Sarah de 41 años y residente en Helsinki, Finlandia, antes de la persecución trabajaba como directora de exportación de un grupo farmacéutico. Sarah fue arrestada en numerosas ocasiones y liberada gracias a los pagos que iba haciendo su familia a la policía; desde 2.000 a 20.000 yuanes llegaron a pagar. Estuvo 20 meses encerrada en “campos de trabajo”. La obligaron a permanecer durante casi dos meses sentada en una silla de hierro sin poder lavarse. Le provocaron descargas con picanas eléctricas por todo el cuerpo: “tras salir del campo de trabajo con todo mi cuerpo lleno de cicatrices, perdí mi trabajo y tuve que dejar mi ciudad natal. En marzo del 2007 tuve la oportunidad de huir de China hasta Finlandia”. Aun en un país libre como Finlandia, cuando alguien llama a su puerta, se acelera su corazón: “Tengo la sensación de que la policía china viene a detenerme; tras unos segundos recuerdo que ya no estoy en China y que ya no es necesario tener miedo… entonces abro la puerta.”
El Vice Presidente del Parlamento Europeo, Edward McMillan-Scott, ha declarado este pasado mes de abril, en una conferencia para la Asociación de Prensa Extranjera en Londres, que había llegado el momento de llevar al régimen comunista chino a juicio por genocidio. Lamentó que el movimiento represivo fuera aún mayor que antes de las Olimpiadas de Beijing. El Sr. Scott ha escrito una carta al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la cual describe al régimen chino como el más paranoico, brutal y arbitrario en la historia del mundo. Insta en dicha carta a la ONU para que lleve a cabo una investigación en profundidad sobre la persecución sufrida por Falun Gong en China.
Fengzhi Li, ex oficial de inteligencia del ministerio de seguridad del estado de China en el que trabajó durante 14 años -desde 1990 hasta el 2004- declaró en el marco de esta conferencia que la inhumana persecución a Falun Gong y a los grupos de las iglesias caseras nunca ha parado y está empeorando.
El experto en China y autor del libro Losing the New China, Ethan Guttmann, ha estado realizando una investigación sobre la persecución a Falun Gong durante varios años: “Lo que me de dejó perplejo es que alrededor del treinta por ciento de los practicantes de Falun Gong me describieron sus experiencias de pasar por inusuales chequeos médicos. Todos los análisis estaban inusualmente centrados en el riñón, el hígado, los ojos y algunas veces el corazón. Estos análisis eran normalmente innecesarios y además bastante caros. Comparando estos hechos con las decenas de miles de casos de trasplantes de órganos llevados a cabo en los últimos años en China, cuyas fuentes no han podido ser explicadas y el alto precio de los órganos en el mercado negro internacional, entonces la explicación razonable es que el régimen comunista chino ha estado comerciando sistemáticamente con órganos de practicantes de Falun Gong por exorbitantes beneficios en el mercado negro”.
La Oficina 610 de China - creada para los asuntos de F. G- estimaba que había 70 millones de practicantes antes de la persecución. Según la Fundación de Investigación Laogai, el sistema de campos de trabajo del régimen comunista chino tiene encarcelado alrededor de cuatro millones de personas, la mitad de ellos practicantes de Falun Gong. Según la estimación de Guttmann, al menos 87.000 practicantes de Falun Gong han sufrido la extirpación de sus órganos por el régimen comunista chino en estos años.
El director de la casa del Tibet en Barcelona, Thubten Wangchen, declaró a la revista que el pueblo tibetano está con la gente de Falun Gong y que no existe ninguna prueba para etiquetarlos de secta perversa, que es como los describe el gobierno chino. “He visto varios videos sobre F. G y sobre las torturas y asesinatos que está cometiendo el gobierno. Es una lástima que algo así esté ocurriendo en el siglo XXI. El mundo lo sabe y la Comunidad Internacional calla porque lo único que parece interesar es el negocio y el mercado, y van con mucho cuidado de no perjudicar las negociaciones con los comentarios o declaraciones que emiten. Parece que el negocio económico sea más importante que las libertades y la propia vida humana.”
En noviembre de 2005, el viceministro de Salud chino, Huang Jiefu, supuso que el 95% de órganos trasplantados en China procedían de condenados a muerte. Sin embargo, en uno solo de los 400 hospitales que realizan trasplantes en China, el Centro de Trasplantes de Tianjin, se llevan a cabo más operaciones cada año que la suma de todas las ejecuciones de presos en China, denunció el Dr. Jianmei Yu. Después de las primeras revelaciones sobre la existencia de un verdadero “campo de muerte” en Sujiatun, en la ciudad de Shenyang, el régimen comunista chino apresuradamente promulgó una “legislación temporal” sobre las donaciones de órganos, considerando restringir las extracciones de presos. Informadores en China sugirieron que esta legislación era un mensaje que recomendaba a las personas implicadas “cerrar el negocio” antes de la posible llegada de investigadores internacionales. Periodistas que llamaron a diferentes centros de trasplantes en China durante abril 2006, descubrieron que numerosos hospitales invitaban a sus futuros pacientes a operarse lo más rápido posible, porque la oferta iba a disminuir pronto. Esto hizo temer lo peor a los observadores: la “utilización de un stock” de cuerpos humanos antes de la promulgación de la nueva ley.
Las líneas que vienen a continuación recogen el testimonio de un doctor militar anciano de Shenyang, que puso en conocimiento de la comunidad internacional los hechos que había presenciado directamente para ayudar a detener lo que está ocurriendo en China por parte del PCCH; por motivos obvios no desveló su identidad:
“Los practicantes de Falun Gong y otros son detenidos usando sus nombres reales, pero cuando se trata de transplantes de órganos, se utilizan nombres falsos. En otras palabras, se crea una identidad falsa. Toda la información de esta persona falsa está disponible, y se firma un formulario de donación voluntaria de órganos para transplante (por supuesto, la firma es falsa). Esos documentos se guardan durante 18 meses, y se destruyen al acabar ese periodo de tiempo. Pero durante el proceso del transplante de órganos, si éste no es exitoso, los documentos sobre la fuente del órgano y el cuerpo –asegura el testigo que incluso personas vivas- deben ser quemados dentro de las 72 horas y la cremación debe ser certificada por el personal militar de la Administración. Cualquier persona identificada como fuente para un transplante de órganos es transferida de la prisión, campo de trabajo, centro de detención o campo de concentración. En este punto la persona pierde su nombre y se le asigna un código, que corresponde a la identidad falsa de un donante de órganos voluntario. A la persona se le dice que se le hará un examen físico. Al examen le sigue la anestesia local, y luego se extirpa el órgano del cuerpo vivo.”
Los extranjeros pagan entre 30.000 y 180.000 dólares por una operación de trasplante en China, donde el tiempo de espera es "sorprendentemente corto".
Mientras en 2003 el promedio de espera para someterse a una operación de transplante de hígado en Canadá era de unos 32 meses, algunos hospitales chinos anunciaban en su web que "el tiempo de espera para un hígado era de una semana", según denuncia el informe Matas-Kilgour.
Debido a la aversión cultural a la donación de órganos por parte del pueblo chino, incluso un sistema activo y legal de donación de órganos tendría dificultades para abastecer el volumen de trasplantes que se están llevando a cabo ahora en China. Es decir, la ausencia de un esfuerzo serio por fomentar las donaciones de órganos en China indica que para este país las donaciones no importan porque las terribles cifras señalan que ya existe, para desgracia de los practicantes de Falun Gong, una gran abundancia de órganos disponibles para trasplantes.
El gobierno chino ha negado todas las alegaciones recogidas en el informe respaldado por el gobierno canadiense y ha señalado que es parte de la campaña de descrédito del grupo.
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